De la Madrid y la economía, Fernando Calzada Falcón

Murió el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y recordé los años aciagos en que gobernó. Cuando asumió la presidencia, para donde se volteara, no había ninguna variable económica que no acusara desequilibrios importantes. Ciertamente, el hecho de que su antecesor en su último informe de gobierno decretara la nacionalización de la banca y el control de cambios habría de modificar a fondo la estrategia que había considerado llevar a cabo. Literalmente, de un plumazo cambiaban las condiciones. Y cómo no, si desde febrero de aquel 1982 no existían las divisas suficientes para hacer frente a los compromisos con los acreedores extranjeros, lo cual hubo de conducir a la suscripción de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así poder acceder a los recursos de éste. En su toma de posesión definió una política: reordenación económica y cambio estructural.

En cuanto a la reordenación económica, el gran objetivo fue el pago puntual del servicio (capital e intereses) de la deuda externa (de allí que la propuesta de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, fuera privilegiar el crecimiento y no la deuda). Por eso, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), durante el sexenio tuvo el peor comportamiento desde los años treinta del siglo pasado. Obsérvese: en 1982 respecto al año anterior, el PIB disminuyó en -0.52%; en 1983, un -3.49; en 1984 hubo una incipiente recuperación ya que creció en 3.41%; en 1985 el crecimiento se desaceleró y alcanzó 2.19%; en 1986, con otra caída de los precios del petróleo, fue de -3.08%; en 1987 volvieron las cifras positivas aunque muy modestas de 1.72%, y algo parecido en su último año que alcanzó el 1.28%. Este comportamiento tuvo su correlación en una disminución del significativa del producto (o ingreso) por habitante.

Los de ese sexenio fueron también los años de mayor inflación (aumento generalizado de los precios de todos los bienes y servicios) registrada en los últimos ochenta años (al día de hoy). Así, en 1982 la inflación llegó al 98.84%; disminuyó algo para 1983 y fue del 80.78%; siguió bajando para 1984 donde llegó al 59.16%; pero la tendencia se revertiría en 1985 cuando repuntó y alcanzó 63.75%; seguiría aumentando para 1986 cuando sobrepasó el umbral de los cien puntos llegando a 105.75%; pero la experiencia resultaría terrible en 1987 cuando alcanzó el 159.17%; soló tras la firma del Pacto de Solidaridad Económica, en el que los actores de la vida económica sacrificaban algo para lograr el control inflacionario (se definía el crecimiento de los salarios, los precios de los bienes de la canasta básica, los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, el tipo de cambio y los empresarios moderaban sus utilidades), fue que se consiguió el abatimiento de la inflación en 1988, pues bajó a 51.66%, es decir, se abatió a menos de una tercera parte de la registrada el año anterior.

Se pagaban las consecuencias de un elevado déficit público que se tuvo en los años precedentes cuando rebasó más del 20% como proporción del PIB. Y pese al compromiso con el FMI de bajarlo sucesivamente a la mitad del año inmediato anterior, por diversas razones no fue posible. Apenas para 1983 bajó a -12.60% cumpliendo casi con la meta. Pero descender de allí ya fue una tarea muy difícil: en 1984 fue -12%; y en 1985 bajó otro poco, a -11.85%. Pero para 1986 se disparó al -31.34%, en 1987 de -23.89 y en 1988 de -26.56%.

Algo parecido se observó en el frente externo. La cuenta corriente de la balanza de pagos (cuenta que considera la exportación e importación de todos los bienes y servicios, incluidos los financieros) pasó drásticamente de deficitaria en 1982 (-5, 890 millones de dólares) a superavitaria en 1983 (5,859 millones de dólares). De esto se trataba la política económica: mediante la contracción de la demanda (por la vía de la reducción mayúscula del gasto público y de los niveles de los salarios reales, y con la ayuda de una subvaluación del peso que alentara las exportaciones y castigara las compras al exterior) el país tendría una cuenta corriente positiva (tenía los dólares para el puntual pago de la deuda). Se castigaba el crecimiento económico al tiempo que se cumplía con los acreedores. Por lo demás, no se pudo parar la contratación de más deuda (como regularmente ocurre en los ajustes económicos, véase la situación actual de Grecia que tiene que contratar carretadas de mayor deuda a la vez de contraer el gasto público y con él la economía en su conjunto): pasó de un saldo de 58 mil 874 millones de dólares en 1982 a 81 mil 3 millones en 1988.

Al final del sexenio, si bien la reordenación económica no era plena, sin duda había control de las principales variables. Pero había arrancado una transformación radical de la economía, aunque su magnitud no era del todo visible en aquella década de los ochenta. En efecto, siguiendo el razonamiento de Víctor M. Soria en Crecimiento económico, crisis estructural y evolución de la pobreza en México. Un enfoque regulacionista de largo plazo, pueden advertirse seis rasgos de la transformación estructural. Uno, la apertura comercial, con la que se buscaba que la economía mexicana fuera más competitiva: se eliminó la mayoría de los permisos de importación (sólo el 3% de las compras al exterior tenía estas restricciones) al mismo tiempo que entre 1984 y 1989 hubo “varias reducciones sucesivas de las tarifas arancelarias… El arancel promedio se redujo a cerca del 13%”. Dos, la búsqueda de la inversión extranjera, para lo cual “se modificó el reglamento de inversiones extranjeras y se estableció una política de aceptación casi irrestricta de la inversión extranjera directa que se comprometiera a exportar bienes manufacturados”. Tres, la promoción de exportaciones que se dio en función de mantener un tipo de cambio permanentemente subvaluado. Cuatro, la reprivatización parcial de la banca nacionalizada (el 34% de las acciones de los bancos pasó a manos privadas), la creación de una banca paralela y especulativa (se privatizó todo el sector financiero no bancario, como casas de bolsa, aseguradoras, arrendadoras, afianzadoras, etcétera) y el comienzo de la privatización de entidades paraestatales. Cinco, “el realineamiento de los precios relativos” (tipo de cambio, salarios, tasa de interés, bienes y servicios públicos). Y seis, “una estricta política fiscal y monetaria…más allá de las  recomendaciones del FMI”.

Miguel de la Madrid Hurtado gobernó la crisis. Seguramente a él le hubiera gustado llegar al poder en una situación en la que la economía estuviera en crecimiento y fuera estable y desde allí, quizá, imprimirle otro sello y ritmo a las transformaciones. Creo que aquí sí aplica aquello del hombre y su circunstancia. Fue el sexenio de la crisis pero también el del inicio de la modernización económica a la que hoy se le reclama por crecimiento, empleo y justicia social.   

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