Cinco temas de finanzas públicas (II)

Un tercer tema de finanzas públicas, digno de atención, son los créditos fiscales. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, artículo 4, “son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena”. En palabras comprensibles, se trata de adeudos fiscales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Quedé asombrado con lo que escribe José Manuel Herrera en La Razón, quien señala que en 2011 tales adeudos alcanzaron la escalofriante cantidad de 743.7 miles de millones de pesos, cifra que representa un máximo histórico. Para darse una idea plena de lo que representa debe decirse que equivale a la suma de la recaudación anual del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Impuesto sobre Depósitos en Efectivo. El 60% de esa cantidad son los, cada vez más comunes en estos años, créditos controvertidos (es decir, dependen de lo que finalmente decidan las instancias legales competentes); un 22% son créditos con baja posibilidad de cobro y que tienen que ver, por ejemplo, con deudores insolventes, no localización, cambios de domicilio fiscal, etcétera; y, finalmente, el resto, poco más de 18% del total, son créditos factibles de cobro (ya han sido notificados, o pueden estar ya en situación de embargo, avalúo, efectividad de garantías, entre otros conceptos).

Debemos asumir, por ende, que sirve de muy poco la introducción de nuevos gravámenes (como a partir de 2008 el IETU y el IDE), si el establecimiento de un crédito se vuelve algo casi inmanejable. El problema persiste: no llegan los recursos suficientes a las arcas públicas. Y aunque recientemente se ha dotado al Sistema de Administración Tributaria de mayores facultades, éstas aún no han brindado todo lo que se espera. El de los créditos fiscales es, sin duda, un problema grave.

Los créditos fiscales se relacionan con lo que es el cuarto tema que es necesario tener presente: los gastos fiscales. Éstos son, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), montos que deja de recaudar el erario federal por tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes. Estos gastos consisten “en sentido amplio…en apoyos directos autoaplicativos del Gobierno hacia distintos sectores de la economía o de contribuyentes otorgados a través del marco tributario. Los gastos fiscales no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a sus beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos. Conforme a ello, los gastos fiscales se derivan de la aplicación de tratamientos que se desvían de la estructura ‘normal’ de cada uno de los impuestos, por lo que la determinación de los gastos fiscales implica identificar dichos tratamientos”.

Según la SHCP no es posible encontrar la suma total de la cantidad total que deja de percibir el erario, esto es, la cuantía del gasto fiscal. Se puede saber cuál es el gasto, por ejemplo, de un estímulo fiscal específico a empresas de cierto sector por la exención de un impuesto o por otro concepto. El problema es que no se puede sumar para los distintos impuestos. Hay una explicación. “No se presentan, dice la SHCP, cifras totales…sólo se reportan montos individuales debido a que estas estimaciones son de equilibrio parcial y no reflejan los cambios en el resto de las variables económicas ni consideran cambios en la conducta de los contribuyentes. Por lo anterior, incorporar sumas es incorrecto ya que cada estimación de gasto fiscal no considera el efecto que la eliminación de un tratamiento tendría en la pérdida recaudatoria de otro. Por lo que la eliminación de varios o todos los tratamientos diferenciales, no implicaría una recuperación similar  a la suma de las estimaciones individuales. El análisis individual de los gastos fiscales es el que permite tener una idea clara de las áreas de oportunidad que existen en los impuestos federales”. Esto se ejemplifica con el ISR y el IETU; así, los gastos fiscales de uno y otro no se deben sumar porque de hecho el IETU es un ISR mínimo y cuando un contribuyente paga el IETU se limita la pérdida recaudatoria por el trato diferencial en el ISR. No se podrá saber con exactitud a cuánto asciende el total de los gastos fiscales pero indudablemente debe ser una suma considerable. Sin calificarlas como decisiones positivas o no, en buena medida la existencia de múltiples tratamientos especiales (tasas cero, exenciones, estímulos, tasas de IVA distintas en la frontera, etcétera) se convierte en hoyos en el sistema tributario mexicano, lo cual se traduce en una baja recaudación.

Un quinto tema espinoso de las finanzas públicas es el relativo a la tenencia y al subsidio de la gasolina. Aunque sé que a muchos lectores puede disgustarles mi opinión sobre este tema, la repetiré. Como se sabe, la tenencia, en tanto impuesto federal, desapareció para 2012. Desde 2011 y aún desde 2010, algunas entidades federativas legislaron para crear su propio impuesto vehicular. Sin embargo, estos impuestos estatales nacieron con tratos de excepción, como pueden ser el valor del vehículo o su antigüedad. Pero en vísperas del proceso electoral se empezaron a decretar estímulos o subsidios, todo lo cual ha debilitado su potencial recaudatorio. Este impuesto es bastante noble y progresivo: lo paga quien tiene automóvil (la mayoría de la población no tiene) y paga más quien tiene el vehículo más caro. Además, es un impuesto verde, ecológico, porque en algo contribuye a desalentar el uso del automóvil (claro, siempre que el transporte público sea una opción real, es decir, con cierta calidad). Al subsidiar desde el gobierno el pago del impuesto lo que se ocasiona es una transferencia de recursos a la quinta parte del total de la población mexicana que tiene los mayores ingresos.

Por si la desaparición de la tenencia federal  y su aparición estatal, con todos los tratamientos especiales con que hoy existen, fueran poca cosa para reasignar recursos a los grupos sociales de mayores ingresos, agréguese el subsidio a la gasolina (sólo compárese con el precio por litro en Europa de 1.4 euros, unos 27 pesos), que habrá de sumar 800 mil millones de pesos aproximadamente en el sexenio calderonista. Este monto supera, y con mucho, lo que se habrá destinado en el mismo periodo al programa Oportunidades, el que atiende a los grupos sociales más desprotegidos.

Fernando Calzada Falcón

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