Ingreso desigual de mexicanos

En las pasadas semanas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2010. Dicha encuesta sirve para medir la evolución de ambos indicadores pero también para exhibir la distribución del ingreso entre las familias mexicanas, para lo cual divide el total de la población en diez partes iguales, las que son llamadas deciles. Así, el decil I es el 10% más pobre de la población, el II es el siguiente 10% en cuanto a la cuantía de sus ingresos y así hasta el decil X que representa al 10% más rico. Y estos resultados se pueden cotejar con los que arrojó la Encuesta 2009 o 2008. Además, este tipo de información se produce en todos los países, de modo que se pueden hacer comparaciones a nivel internacional.

Es conocida la antigua, sí ancestral, desigualdad social en nuestro país, aún antes de la llegada de los españoles, mantenida durante la colonia (se sabe de lo impactante que resultó para Alexander von Humboldt percatarse de este fenómeno cuando visitó la Nueva España en 1803), continuó durante el México independiente, aún después de la Revolución y se ha conservado hasta nuestros días. En otras palabras, no es algo nuevo. Sin embargo, ahora es posible conocer cómo evolucionó el ingreso de los deciles de 2008 a 2010. Salta a la vista, primero, que durante estos años disminuyó en términos reales (descontando los efectos de la inflación) el ingreso de todos los deciles, o sea, toda la población mexicana en promedio tuvo en 2010 un ingreso menor al que tuvo en 2008 (aunque el periodo comprende la recesión provocada por la crisis en Estados Unidos, financiera en un primer momento y después generalizada a toda la economía, también es cierto que la recuperación no repuso el ingreso de todos), así pues, disminuyó en 12.3%.

Lo segundo que resalta es que quienes vieron caer más sus ingresos fueron las familias que se ubican en los deciles VIII, IX y X, los sectores medios y altos. Y el ingreso que disminuyó menos fue el de los deciles I, II y III. Esto significa que todos están en peores condiciones de ingreso, pero se atenuó muy ligeramente la típica concentración del ingreso (para darnos idea de las diferencias abismales entre los ingresos de unos y otros mencionemos que cada una de las familias del decil I tiene un ingreso promedio de 2 mil 54 pesos mensuales frente a los 39 mil 476 pesos de las del X).

Lo más grave de todo es que al obtener el coeficiente de Gini (una medida de la concentración del ingreso que mientras más cerca está de 1 la sociedad es más desigual y entre más cerca de 0 más equitativa), se observa que prácticamente permanece inalterado antes de impuestos y después de ejercido el gasto público: pasa de 0.51 a 0.49. De manera que las políticas públicas instrumentadas a nivel nacional no abaten la desigualdad, e incluso en algunos periodos la han estimulado. Cualquier libro de texto sobre economía pública, por ejemplo el del laureado economista Joseph Stiglitz, expone las características que debe tener un sistema tributario o impositivo: eficiencia, sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y justicia. Por ejemplo, el sistema “debe ser o debe considerarse que es justo, cuando trata de forma similar a los que se encuentran en circunstancias similares y que obliga a pagar más impuestos a los que puedan soportar mejor la carga tributaria”.

Los libros de texto también le atribuyen ciertas características al gasto público. Por ejemplo, el Diccionario moderno de la economía del sector público de José Ayala Espino expresa que el gasto público tiene cuatro funciones. Primera, asignación de recursos (influye en las decisiones de invertir, ahorrar, trabajar y consumir de los agentes económicos). Segunda, distribución (para los fines de lo que trata la presente nota es la más importante, puesto que se refiere a la capacidad gubernamental para distribuir el ingreso y la riqueza entre los miembros de la sociedad). Tercera, estabilización (puede anticipar una recesión o frenar una expansión exagerada de la economía, así como también influye en la inflación o el desempleo). Por último, la cuarta es coordinación (que las tres anteriores satisfagan simultáneamente la mayor parte de sus objetivos).

No obstante que previo al cobro de impuestos (se supone que el sistema impositivo está organizado para ser progresivo, que paguen una mayor proporción los de ingresos más elevados) y que en los proyectos de presupuesto federal se declare la justicia social como un propósito del gasto, el resultado último es decepcionante. Como se mencionó, el coeficiente de Gini no se mueve. Ya hemos dicho en otras colaboraciones que el Impuesto sobre la Renta lo pagan sobre todo las personas físicas y menos las personas morales, ya que se da a través de la retención en nómina y lo enteran las empresas. El otro impuesto de importancia, al Valor Agregado, tiene como principal característica que es regresivo, no lo pagan en mayor cuantía los ingresos más altos y sí lo pagan en igual proporción todos los consumidores (siempre que no existan exenciones o tasas cero).

De modo que sería sobre todo a través de la política de gasto público como se podría ayudar a los más pobres. ¿Es así? Respuesta categórica: no. Y lo expresado no es un punto de vista ideológico o político, no son cálculos ni estimaciones, son datos duros. José Manuel Herrera lo esclarece en “Subsidios a los ricos”, La Razón. El beneficio del subsidio a las gasolinas y diesel que sumará aproximadamente 600 mil millones de pesos en los seis años de este gobierno, llegó en 2010 únicamente al 4% de la población más pobre y, en cambio, el 20% más rico obtuvo el 52% de ese beneficio. Es más dramático si ahora se observa el detalle. Los rendimientos provenientes de programas públicos de gasto para cada familia del decil más pobre en términos absolutos fueron de 658 pesos mensuales; en el otro extremo, en el mismo lapso, cada familia del decil X absorbió mil 628 pesos, esto es, casi 150% más. Todavía es peor cuando se toma el total de transferencias públicas porque cada uno de los hogares más pobres anualmente recibió en promedio 3 mil 175 pesos, mientras los más pudientes se beneficiaron con 35 mil 978 pesos anuales, o sea una cantidad 1,133% mayor.

El sistema impositivo mexicano, por un lado, y la política de gasto por el otro, no promueven la equidad. En el primero hay demasiados tratos preferenciales cuyos principales beneficiarios no son quienes contribuyen al fisco en mayor proporción y que, recalco, no son los de ingresos más elevados. Y la segunda no corrige los defectos del primero, sino que los acentúa. Entre más se posterguen las decisiones en ambos planos seguiremos teniendo un desempeño económico mediocre y continuaremos siendo una sociedad muy desigual.

Fernando Calzada Falcón

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